Relaciones Laborales

ARGUMENTOS INFLEXIBLES
El problema del desempleo se podría resolver con más
flexibilidad laboral, dicen algunos empresarios. Pero los gobiernos se resistirán a modificar sus normativas.
Por María Soledad Gómez

Fuente: Americaeconomia.com- 30-01-09

No se trataba de inundar las playas de turistas improvisados. Tampoco era un premio otorgado por las empresas porque los trabajadores hubiesen soportado una carga de trabajo mayor -por el contrario, la producción del sector había caído un 34,4% en el último mes-.

Adelantar las vacaciones era la única forma en que las automotoras brasileñas podían evitar el alto costo de mantener funcionando plantas que ya no estaban produciendo y alejar el fantasma de los despidos masivos. Entre diciembre y enero, más de 40 mil obreros de esa industria fueron obligados a tomarse un descanso sin saber cuál sería su destino al regreso de sus vacaciones.

La voz de alerta ya está dada. Organismos internacionales, como la OIT, pronostican que la desocupación en América Latina alcanzará el 9%, y se busca toda clase de medidas para evitarlo. Es la crónica de la desaceleración y desocupación anunciadas. Y en momentos que los gobiernos hacen gala de sus abultadas billeteras para presentar costosos planes de inversión y generación de empleo, también vuelve a surgir el eterno debate de la necesaria flexibilidad laboral como una forma de evitar mayores despidos o cierres de empresas.

América Latina es flexible, pero no tanto. Según el ranking Doing Business del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en 181 países, la región se encuentra en una posición media respecto a otras regiones en el aspecto regulatorio del mercado laboral.

"Una regulación flexible ayuda a ajustar la oferta y demanda de trabajo en momentos de fluctuaciones económicas, no sólo en momentos de crisis, sino también en los momentos de recuperación, cuando favorece la contratación", dice César Chaparro, abogado y economista del Banco Mundial y uno de los autores del informe.

Pero los llamados por la flexibilidad, obviamente, no son bien recibidos por los grupos sindicales. Cuando el presidente de Vale, Roger Agnelli, declaró que había que suspender algunos derechos laborales para poder enfrentar mejor la crisis -después de anunciar la eliminación de 1.300 puestos de trabajo- los dirigentes laborales pusieron el grito en el cielo. Alegan que aquellas empresas que reciban financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, no deben perjudicar a sus trabajadores sino conformarse con obtener menores ganancias.

El llamado de Agnelli tampoco tuvo tanta respuesta entre los mismos empresarios. Armando Monteiro Neto, presidente de la Confederação Nacional da Indústria, CNI, una entidad gremial empresarial, asegura que las leyes brasileras ya ofrecen alternativas para solucionar el problema con los trabajadores y no sería necesario modificarlas. La primera opción es reducir jornadas y salarios, la segunda -que ya fue anunciada por las fábricas de las automotrices Renault y Volkswagen- permite congelar los contratos durante hasta cinco meses de común acuerdo con los empleados, quienes reciben compensaciones; además se puede sustituir parte del sueldo por una participación en las ganancias. El presidente del Consejo de Relaciones Laborales de la CNI, Francisco Gadelha, no cree que el desempleo vaya a ser muy alto, debido a que ya se han tomado medidas de estímulo, como la reducción del impuesto a la producción industrial, que beneficia a las automotoras. Sin embargo, si hubiera una reforma, dice que sería ideal "desburocratizar la contratación y destrabar la medida provisoria que libera a las Pymes del pago de obligaciones sociales en la generación del primer empleo y que el gobierno retiró por presión de los sindicatos".

En Chile, empresarios y políticos han comenzado ya a hablar de una desocupación de dos dígitos para 2009 -citando el 10% que dejó la crisis asiática-, algo que Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Chile, critica como un intento por sacar provecho del negativo escenario económico en un año electoral. ¿Qué tipo de provecho? "Presionar al gobierno en función de buscar los objetivos que por años ellos vienen planteando", dice Martínez. Entre éstos está disuadir a los sindicatos de negociar colectivamente este año, lograr que algunos trabajadores incluso abandonen algunos derechos para mantener su empleo, obtener subsidios del Estado para sus empresas y "el paradigma de la flexibilidad laboral, que no es otra cosa que disminuir derechos de los trabajadores y crear una tremenda precariedad del empleo".

Pese a que se han visto despidos en sectores de bienes durables, financiero y la pequeña minería, no alcanza un fenómeno masivo. "Ellos han sobrerreaccionado y están logrando instalar en la opinión pública esta amenaza del desempleo", alega Martínez. Pero ya se están viendo efectos.

En diciembre, la nueva ministra del Trabajo y Previsión Social, Claudia Serrano, mostró su preocupación por la entrada en vigencia este mes de una disposición, conocida como la Semana Corrida, que obliga al pago de los días domingo para los trabajadores que son pagados por día y que tienen contrato de seis jornadas semanales. La medida ha sido fervientemente resistida por el empresariado.

Martínez encuentra suficientemente flexibles las leyes chilenas. "Chile tiene una cantidad de formas de contratar sin ninguna indemnización por despido. Hay jornadas de cinco horas diarias en nuestro país, pero ellos quieren más", dice en alusión a propuestas empresariales por una jornada de cuatro horas. "Las inversiones se van a ir cuando la paz social se altere.

Yo estoy seguro que el día que nos agredan se acaba la paz social. Hay un límite de lo que uno puede aguantar", advierte el líder sindical. La autoridad, quizás consciente de la importancia del eje social en su gobierno y de la cercanía de las elecciones, decidió permitir que la conflictiva Semana Corrida entre en vigor e introducir mejoras que extienden de cinco a siete meses la cobertura del seguro de cesantía, en caso de que el desempleo nacional exceda el promedio de los últimos cuatro años y elimina el requisito de contar con contrato indefinido. El beneficio, no obstante, tiene tope de US$ 300 y desciende mes a mes. Además, financiará un plan anticrisis con un costo de US$ 4.000 millones, que según sus proponentes, generará 100.000 empleos y servirá para revitalizar a las industrias afectadas.

Similar plan se anunció con bastante anticipación en Perú, aunque no satisface plenamente las demandas de los trabajadores, porque éstos no formarán parte de la mesa que observará su cumplimiento. El presidente de la CUT de Perú, Julio César Bazán, también ha escuchado propuestas que no le parecen amistosas. "Nosotros no descartamos nada.

Sí exigimos que haya un diálogo serio y trataremos de evitar que se planteen propuestas de mayor flexibilización e impactos laborales al máximo posible", señala. Se refiere al planteamiento proveniente de la Cámara de Comercio de Lima, que propuso recortes de jornada y salario para evitar despidos. César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL, señala que la disposición ya existe en la legislación peruana y que se trataría de un bien, al permitir una última salida para conservar los empleos. Jaime Cáceres, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Confiep, cree que la iniciativa gubernamental es la vía correcta para proteger el empleo y no las demandas de mayor flexibilidad.

"A nosotros nos interesa mantener la sustentabilidad del empleo y para eso es necesario que se sostenga el crecimiento económico del país". El dirigente anunció que el sector privado invertirá US$ 14.000 millones durante 2009. "Haremos lo posible por mantener el nivel de inversión. No podemos actuar como que este escenario va a durar para siempre", explica.

Chaparro, del Banco Mundial, advierte que "las regulaciones excesivamente rígidas están asociadas con un mayor índice de informalidad", algo que, en mayor o menor medida, se extiende por toda la región. Si bien no hay acuerdo sobre cuál es el momento más propicio para liberalizar las regulaciones en el mercado laboral, la excesiva rigidez para negociar las salidas ya existentes puede heredar un problema aún más costoso al finalizar la crisis si crece el sector informal.